El Negocio de Explotar a las Personas

Sobre el negocio de la Trata Ilegal de Personas en Argentina.

Por Sabrina Kenis.

La Trata de Personas es un delito que, en la última década, se ubica entre las dos mayores formas ilícitas de carácter lucrativo junto con el tráfico de drogas a nivel mundial. Las estadísticas muestran que el 49% son mujeres, el 18% hombres, el 21% niñas/adolescentes y el 12 % niños/adolescentes, según surge de los informes publicados por Naciones Unidas.

De esta manera, las mujeres y las niñas suelen ser explotadas, preferentemente, con la finalidad de matrimonios forzados y esclavitud sexual; mientras que los hombres y los niños suelen serlo mediante el trabajo forzado en el sector minero, rural, textil, como soldados y/o esclavos.

Hoy existen nuevas modalidades que son detectadas a nivel mundial y comienzan a presentar un crecimiento desmesurado, como la explotación con la finalidad de obtener niñas mulas, pornografía infantil, matrimonio forzado o adopción ilegal.

Lamentablemente, nuestro país no resulta ajeno a esta realidad. De hecho se ha consolidado como país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, tanto en su dimensión interna como trasnacional; esto significa que con el transcurso del tiempo se consolida como Estado permeable a la presencia de redes de trata de personas.

Argentina se encuentra dentro del 85% de los países que ha criminalizado el delito, lo que demuestra esfuerzos significativos en la lucha contra la trata de personas, en particular a partir de la federalización del mismo. Sin embargo, es unánime el reclamo de organismos supranacionales en relación al escaso índice de sentencias condenatorias, el cual se mantiene muy bajo, sin dejar de mencionar que las víctimas no siempre reciben la protección y los servicios que los países están obligados a proporcionarles.

La recomendación de Naciones Unidas es clara. Existe una necesidad concreta de invertir más recursos para identificar y asistir a las víctimas, así como en mejorar las acciones del sistema de justicia penal para detectar, investigar y procesar judicialmente con éxito los distintos casos.

En el mismo sentido, son las conclusiones arribadas en el “V Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas y Tráfico” organizado por la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Organización Observa La Trata y Capital Humano Social Alternativo (CHS) que tuvo lugar a mediados de junio en Lima.

Las reflexiones a las que se arribaron intentan contribuir y fortalecer las agendas nacionales e internacionales, y debieran ser tomadas en cuenta por los diferentes actores en las orbitas nacional como provinciales.

Cualquier política pública que pretenda luchar contra este terrible flagelo requiere de una real dimensión que equipare las medidas tendientes a la represión del delito -mirada jurídica-, y las destinadas a la asistencia -mirada sociológica, con especial enfoque en los Derechos Humanos-.

La voluntad política no es suficiente. Son muchos los obstáculos que se interponen. La falta de presupuesto, las dificultades para su atención y asistencia; que se agravan por la falta de sensibilización y conocimiento por parte de los diferentes responsables de aplicar las políticas públicas. La complicidad de los funcionarios políticos, autoridades del Estado y policiales, con el sujeto activo del delito; la falta de mecanismos de información, concientización, y sensibilización; la inaplicabilidad de protocolos y modelos de actuación con los operadores de justicia y del Ministerio Público Fiscal, y las instituciones de asistencia a las víctimas.

La corrupción e impunidad. La falta de información, o su existencia de manera poco rigurosa y base de datos poco confiables y sin actualizar, agravadas por no existir parámetros uniformes dentro del régimen federal, que no permiten identificar de manera cuantitativa la incidencia del delito y el acceso a la justicia.

Si bien se advierten notables avances en el diseño e implementación de los instrumentos jurídicos y las acciones del Estado, resultan insuficientes ya que no se concretan o materializan en programas reales para la restitución y ejercicio pleno de los derechos de las víctimas de trata de personas.

Fortalecer el diálogo y propender a una articulación regional, nacional y provinciales como herramienta de trabajo operativo es una acción impostergable y pendiente en Argentina para combatir esta violación extrema de los derechos humanos. Es momento de combatir la indiferencia.

Prensa UCC