Las comunidades de Piruaj Bajo y Vilmer, que pertenecen a la Parroquia San José de los Petacas, en San José del Boquerón, se encuentran envueltas en conflictos por la posesión de las tierras que sus pobladores habitan desde siempre. En esta nota, se narra la historia de este conflicto en el que intervienen grandes empresas y el poder político para ‘quitarle el pan a los más pobres’. Desde hace años, los jesuitas que viven allí vienen acompañando los reclamos.
Por Lorenzo Langbehn Dr en Ciencias Sociales investigador del INDES-UNSE/CONICET y Hno. Rodrigo Castells SJ Ingeniero Agrónomo, miembro de la comunidad jesuita de San José del Boquerón.
Las comunidades de Piruaj Bajo y Vilmer, y otras comunidades vecinas en el departamento Copo, Santiago del Estero (Argentina), se encuentran amenazadas en la pacífica posesión de sus territorios por la empresa Sacha Rupaska SA. La población de Piruaj Bajo, unas cien familias cuyos ancestros han vivido en el lugar hace más de un siglo, se enfrenta hace unos doce años con el hostigamiento y la invasión del territorio por parte de esa empresa, que esgrime supuestos títulos sobre las tierras de la comunidad, unas 17.800 hectáreas. La empresa también busca apropiarse de una zona conocida como Lote 8 (5.184has), situada entre Piruaj Bajo y Vilmer y usada por ambas comunidades. En toda la zona también pastan animales de otras comunidades, de manera que los afectados son, en definitiva, muchos más.
La llegada de la empresa fue resistida en 2008 y 2010 por la población con denuncias, acampes y protestas, apoyados por numerosos campesinos de otros parajes de la zona, que reconocen la posesión de los pirueños y reivindican el Lote 8 como de uso común por los pobladores de Vilmer y Piruaj. Sin embargo, desde entonces la empresa, que tiene como socios a Horacio Iván Gándara, Luis María Méndez Ezcurra y Luis Caputo (que fue presidente del Banco Central bajo el gobierno de Macri), ha logrado avanzar sobre una parte de las tierras que pretende, mediante acciones intimidatorias y aprovechando el desgaste de una población que necesita trabajar para sobrevivir, y que no puede mantenerse en pie de lucha por tiempo indefinido, ni pagar abogados y realizar costosos trámites en ciudades lejanas. De este modo, la empresa ha construido casas y corrales y ha cercado terrenos para uso ganadero, reduciendo el espacio disponible para que los campesinos desarrollen su vida y su economía. El accionar de la empresa afecta también a otras comunidades linderas, como San Vicente, La Providencia, El Puestito, La Virtud, Huiñaj Pozo, Belgrano, San Juan, Cabeza del Toro y Tala Pozo, que en total albergan a otro centenar (100) de familias. En definitiva estamos hablando de unas doscientas (200) familias afectadas.
A su vez, como estrategia de acorralamiento, la empresa vendió a un tercero (señalado como testaferro) la porción del territorio que contiene las casas de los habitantes de Piruaj Bajo y demás instalaciones, como corrales, pozo surgente, una escuela pública, una capilla del culto católico, un templo evangélico, dos clubes deportivos, una sala sanitaria y otros edificios. El supuesto comprador de esa parte inicia entonces un juicio pretendiendo expulsar a la población de Piruaj Bajo: de esta manera, en caso de perder el juicio, los empresarios solamente resignaban una pequeña parte, mientras que mantenían sus pretensiones sobre el resto del territorio.
Así ocurrió. En 2017, la Cámara Federal de Tucumán declaró, en fallo unánime, que las tierras reclamadas por la empresa correspondían a los campesinos. Se trata tan solo de 400 hectáreas, una superficie que contiene las instalaciones mencionadas, pero que no basta ni por asomo para sostener la economía del centenar de familias que viven del ganado y de la explotación maderera. El resto del territorio se halla todavía en situación de conflicto: es pretendido por la empresa, pero los poseedores ancestrales rechazan esa pretensión y hacen uso del territorio como siempre lo han hecho, excepto en la parte noroeste, usurpada por la empresa.
En la actualidad, Sacha Rupaska SA sigue intentando avanzar de manera unilateral sobre el territorio con instalaciones y mediante ardides jurídicos, despojando a la población de los medios indispensables para su vida. Las vecinas y vecinos de Piruaj Bajo y Vilmer, gente humilde y de trabajo, pelean en inferioridad de condiciones con un Goliat de enormes recursos económicos, con abogados caros y conexiones políticas a nivel provincial y nacional.
El desembarco de Sacha Rupaska SA es un caso testigo del modo en que el avance empresarial despoja de sus tierras a las comunidades campesinas, arrebatándoles sus medios de subsistencia y empujándolas a la dependencia, a la pobreza y, eventualmente, al éxodo a los márgenes de las grandes ciudades. Es también un caso testigo de cómo las instituciones que deberían proteger por igual el derecho de todos y todas las habitantes del país, velando en especial por los grupos más vulnerables, favorecen en cambio, por acción u omisión, el interés de los más ricos y poderosos a costa de los derechos de los humildes.
Antecedentes del caso
La comunidad de Piruaj Bajo está ubicada en el sudoeste del departamento Copo, en la provincia de Santiago del Estero, a unos 80 km del límite con Salta y con Chaco. Está formada hoy por unas cien familias que viven de la actividad forestal, de la cría de ganado menor y mayor en pequeña y mediana escala y del trabajo estacional en las cosechas de la aceituna (en Catamarca y La Rioja), el limón (en Tucumán y Salta) y otros cultivos. Como ocurre en la mayor parte de las comunidades campesinas en Santiago del Estero, las y los habitantes de Piruaj Bajo no tienen títulos de propiedad formales sobre sus tierras, que utilizan hace muchas generaciones y de las que depende su subsistencia.
Sin embargo, esas tierras, que no están a nombre de sus poseedores ancestrales, tampoco figuran como fiscales, sino que existen títulos de propiedad a nombre de otras personas, en este caso de la empresa Sacha Ruspaska SA. Esta situación también es muy frecuente en Santiago del Estero: mientras que los primeros pobladores, tanto indígenas como criollos, han habitado y utilizado de hecho el territorio desde hace generaciones, o aun desde tiempos inmemoriales, a lo largo del siglo XX la mayor parte de la tierra fiscal de la provincia pasó nominalmente a manos privadas.
En algunos casos, la provincia vendió las tierras a empresas madereras (“obrajes”), que llegaron para extraer todos los árboles de valor y luego hicieron abandono de los lugares. La población preexistente vio el paso de estos obrajes, y en parte trabajó para ellos o les proveyó carne y otros bienes; cuando los obrajes se retiraron, la población quedó. Con el agotamiento de los bosques y la caída de la demanda de durmientes de ferrocarril, la época de los obrajes entró en declive; los últimos desaparecieron en la década de 1970 o a comienzos de los 1980. Los títulos, sin embargo, quedaron en poder de las empresas, o de los herederos de los viejos obrajeros. En la zona de Piruaj Bajo, el último obraje que se recuerda existió en Tala Pozo, unos 10 kilómetros hacia el sudeste de Piruaj Bajo; su actividad cesó alrededor de 1982, y hoy no quedan rastros de él, más que un paisaje en lenta recuperación. También allí viven familias que se habían asentado antes de la llegada del obraje y que permanecieron cuando éste se retiró.
En otros casos, los títulos de propiedad que hoy se esgrimen son de origen dudoso o directamente fraguados, al amparo de la notoria falta de transparencia en el catastro y el registro de tierras de la provincia. Es el caso del Lote 8, un lote de unas 5 mil hectáreas ubicado entre Piruaj Bajo y Vilmer, que figura como fiscal en los antiguos catastros. De ese lote siempre han extraído madera pobladores de Piruaj Bajo y de Vilmer, y también de otras comunidades, y es una zona de pastoreo importante para los animales de las diversas poblaciones circundantes.
Con el boom de la soja y la intensificación agrícola que nuestro país ha experimentado en las últimas décadas, muchas tierras que antes carecían de interés para las empresas agrícolas y ganaderas comenzaron a valorizarse. Reaparecieron entonces (o se fabricaron) viejos títulos de propiedad, y la población ancestral pasó a ser acusada de “ocupación ilegal” y “usurpación”, con el fin de expulsarla de su territorio y transformar el monte en tierras de cultivo o en campos ganaderos de gran extensión.
Así ocurrió también en Piruaj Bajo y Vilmer. Los títulos exhibidos por la empresa (o mejor dicho, por su testaferro) en el juicio que perdió contra los pobladores fueron adquiridos de una familia Salomón, que a su vez había adquirido los papeles décadas atrás, pero que nunca había ejercido la posesión de esas tierras. Los pobladores más ancianos recuerdan a algunos “Salomones” que llegaron diciendo ser dueños, pero que nunca administraron ni poseyeron el lugar, sino que compraban postes y durmientes a los pobladores, que los elaboraban por cuenta propia. Antes de eso no se recuerdan otros supuestos titulares, ni se conoce la procedencia de los títulos de esos Salomón.
En el momento en que la empresa Sacha Ruspaska SA adquiere los papeles en 2007, los vendedores tenían por resolver un complejo trámite de sucesión con numerosos descendientes de los primeros Salomón, un trámite que en condiciones normales habría llevado años. Sin embargo, una de las herederas resultaba ser la esposa del entonces y actual ministro de justicia de la provincia, Ricardo Daives, lo que imprimió a la burocracia santiagueña un dinamismo digno de mejor causa.
Inmediatamente después de adquiridos los papeles, Méndez Ezcurra y Gándara realizan una venta, considerada ficticia por los pobladores, a un presunto testaferro, César Bellatti, de Tucumán. Éste inicia juicio contra los pobladores, sobre una superficie de 400 hectáreas, pretendiendo reivindicar la posesión de esas tierras ocupadas por ellos. En otras palabras, mediante una acción judicial busca que los pobladores sean declarados ocupantes ilegítimos de sus propias tierras.
Los empresarios pierden ese juicio, una posibilidad que seguramente estaba en sus planes: por esta razón iniciaron juicio sobre una pequeña porción del territorio, y no sobre su totalidad. Sin embargo, apelan la sentencia del juez federal y la llevan ante la Cámara Federal de Tucumán. En 2017 esta Cámara ratifica la sentencia de primera instancia, y reconoce a los habitantes de Piruaj como dueños de las 400 hectáreas que estaban en juego.
El argumento que expone la Cámara Federal para fundar su sentencia sostiene que, para reivindicar algún derecho de posesión, la empresa (o su testaferro, en este caso) debería mostrar que los títulos originales son anteriores a la posesión de los demandados (o sea, la comunidad de Piruaj Bajo), cosa que no se ha podido probar. Con este razonamiento, ciertamente, la comunidad podría reclamar todo el territorio que la empresa pretende, porque su posesión viene de más de un siglo atrás, y nunca se ha sabido de otros poseedores o pretendidos poseedores. Es fácil saber que los abuelos y bisabuelos de muchas personas que hoy viven en Piruaj Bajo nacieron en el lugar ya en la década de 1910, y que nunca hubo obrajes u otro tipo de empresas con presencia en el lugar.
Pero la empresa no cesa en sus intentos. Hace un mes aproximadamente, los pirueños recibieron una notificación del juzgado que les exige delimitar las 400 hectáreas de aquel juicio de 2017. Según los rumores y los temores que corren en la zona, esta medida judicial, solicitada por los empresarios, sería el preludio de un nuevo intento de avance de la empresa sobre el territorio de Piruaj Bajo. Al mismo tiempo, sobre la ruta se observa un intenso movimiento de camiones que llevan vacas y materiales a las tierras usurpadas por la empresa.
Entretanto, las vecinas y vecinos de Piruaj Bajo se preparan para pelear por lo que es suyo. Cuentan con algunos aliados, como las organizaciones campesinas de la zona, la parroquia San José de las Petacas, y varios programas y organismos del Estado. En 2017 vino a solidarizarse con los pirueños Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la paz y titular del SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), una fundación que aboga por los derechos humanos. Pero la sensación que reina en el pueblo es que se avecinan tiempos duros. Son las pirueñas y los pirueños quienes están en el territorio, expuestos al acoso de la empresa, y son ellos quienes corren el riesgo de perder sus medios de subsistencia a manos de empresarios ambiciosos.
Compete a los poderes públicos velar por la seguridad y el derecho de toda la población, y en especial de sus miembros más vulnerables. El estado debe garantizar el pacífico goce de sus derechos a los pirueños, gente que trabaja, vive y sueña en Piruaj Bajo hace muchas generaciones, que tiene enterrados allí a sus ancestros, y que allí cría a sus niños y niñas con esperanza en el futuro.
El caso de Piruaj Bajo, por cierto, es solo una muestra de un problema recurrente en Santiago del Estero, donde la población campesina no tiene garantías suficientes de poder habitar y usar de manera pacífica su territorio. Por acción u omisión, el estado favorece en cambio el interés de empresarios y personajes poderosos que avanzan de manera prepotente, y muchas veces con violencia, sobre los derechos de los humildes.
Sin ir más lejos, la misma empresa Sacha Rupaska SA ha adquirido (o pretende haber adquirido) títulos de tierras que afectan a otras comunidades de la zona, como La Florida y San Vicente, en total unas 28 mil hectáreas. Pero el problema es mucho más amplio, como lo vienen denunciando hace tres décadas las organizaciones campesinas de Santiago del Estero.
Usos del territorio y actividades productivas
Los vecinos y vecinas de Piruaj Bajo, Vilmer y las comunidades cercanas realizan en su territorio múltiples actividades que se organizan de diferentes maneras en el espacio. Las principales actividades económicas con destino a la venta son la ganadería y la actividad maderera. La ganadería se realiza “a campo abierto”, es decir que no hay alambrados y los animales se mueven libremente por el territorio. Según la disponibilidad de agua, en diferentes momentos del año se alejan y se dispersan por el monte, o vuelven a las aguadas permanentes, varias de ellas alimentadas por pozos surgentes, que están en los poblados. Algunos campesinos tienen cuadros alambrados de dimensiones reducidas, que utilizan como reserva para las épocas en que el monte ofrece poco forraje, o para guardar animales que requieran un cuidado especial.
En cuanto a la actividad maderera, la principal en la zona es la elaboración de postes de quebracho colorado. Éstos se elaboran a partir de un quebracho de porte mediano, y requieren una gran destreza con el hacha; por ello, tienen un valor agregado relativamente alto, aunque el precio de venta a los acopiadores es de apenas 200 pesos por un poste de 2,20 metros. Otros productos que se venden son la leña seca de diversas especies, la leña “campana” (leña de quebracho colorado estacionada), los rollos de quebracho colorado y blanco, y en menor medida el carbón. La actividad maderera está organizada de manera tal que cada vecino tiene demarcadas las zonas de donde extrae productos forestales, zonas que pueden ser individuales o compartidas. En el Lote 8, considerado de uso común, extraen madera pobladores de Piruaj y de Vilmer, y no está parcelado.
En la proximidad de las casas hay “cercos” de cultivo, o sea, lotes cercados de entre 1 y 3 hectáreas donde se cultiva maíz, zapallo, sandías, y otras especies. En las comunidades que están más cerca del río Salado muchas veces existen obras de riego y la agricultura ocupa un lugar más importante. En la zona de secano, donde se encuentran Piruaj Bajo, Vilmer y las comunidades circundantes, el éxito de los cultivos depende de las lluvias y es más desparejo. Se produce solamente para el consumo propio, en parte como alimentos directamente, y en parte para alimentar a los animales. Para el consumo propio también es común que los pobladores tengan animales como cerdos, gallinas y cabras. No se hace producción para venta de esas especies.
Fuera de estas producciones en el lugar, la mayoría de los pobladores varones y algunas de las mujeres suelen salir para trabajar en diversas cosechas: entre febrero y junio van a La Rioja y Catamarca para cosechar aceitunas, más tarde a Tucumán y Salta para cosechar limones, a partir de agosto a la zona de riego de La Banda y Robles para la cebolla, etcétera. Estos trabajos estacionales son una importante fuente de ingresos, y como explican los pobladores, cuando ellos trabajan afuera, “el monte descansa”: es decir que el trabajo estacional les permite también hacer un uso más sustentable de sus recursos.
Fuente: Jesuitas Lationamérica
