Debate sobre Ley de Bosques en Córdoba

Se reaviva la polémica sobre la Ley de Bosques en la provincia de Córdoba, Argentina. Desde la Universidad Católica se proponen algunos puntos para una reflexión sobre el tema del uso de los recursos forestales.

Desde hace poco menos de diez años la Ley Nacional N° 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para los Bosques Nativos establece, entre otras cosas, las bases mínimas a respetar en todo el territorio nacional para la conservación de bosques nativos. Además, insta a todas las provincias a elaborar su ordenamiento territorial según esta ley madre y establece los fondos que deben destinarse para que los dueños de las tierras con monte, reciban un resarcimiento por no poder realizar un cambio de uso del suelo por otra actividad más lucrativa. Esto en la teoría.

El conflicto

En nuestra provincia se sancionó la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N° 9814, del año 2010, en la que se establecen los distintos niveles o grados de conservación actual de los bosques nativos y las intervenciones factibles de realizar en cada sector o zona. Esto último se denomina cambio de uso del suelo, y viene a regular “la expansión de la frontera agropecuaria, minera, urbana, y de cualquier otro cambio de uso del suelo”.

La delimitación de estas zonas, las acciones factibles o no de realizar en ellas, y los montos y la accesibilidad a ellos por parte de los propietarios es, entre otras cosas, lo que ha llevado a que este tema sea tan conflictivo. Existen dos posturas mayoritarias: la de no intervención del monte y la de intervención con distintos fines, de los cuales el más resistido y criticado es el ganadero. Cada postura esgrime definiciones tendenciosas de conceptos técnicos y científicos básicos según el interés de cada una.

Además de otras leyes de protección ambiental vigentes hoy, hasta el año 2005 existía una legislación provincial que regulaba el desmonte, y que fue, en muchos casos, sistemáticamente violada sin que hubiera una acción contundente por parte de las autoridades provinciales para frenarla ni para sancionar a los infractores.

Con semejante antecedente, la credibilidad de quienes desean realizar actividades productivas en las zonas de conflicto, es casi nula, ya que algunos actores suelen ser los mismos que décadas atrás generaron un desmonte desmedido. Pero hay un sector de productores al que se le está negando el derecho a trabajar en la actividad ganadera con promesas de un dinero que debería recibir por conservar el monte, dinero que no llega o llega mal y tarde.

Por todo lo expuesto, hay casos particulares que deberían contemplarse pero para que esta posibilidad no se vuelva una generalidad y que no se cometan abusos, deberían estar controlados por los agentes y técnicos capacitados para evaluarlos.

Las posturas extremistas que estamos viendo, no nos conducen a nada. Debemos trabajar por una conciencia ambiental que como país casi no tenemos. En esto, nuestra Universidad tiene un compromiso ineludible.

Fuente: Prensa UCC