Francisco de Roux, S.J., en este artículo de opinión, está convencido de que el camino corto para recuperar la base ética de la dignidad perdida es llamar a las víctimas.

Por Francisco de Roux, S.J.

El centro del desafío somos nosotros mismos. Porque la ruptura nuestra, como sujetos morales, está en la base de la corrupción que destruyó la credibilidad en la justicia y de distintas maneras está por todas partes en el Estado, las empresas, los medios de comunicación, la educación, las organizaciones populares, el Ejército y, por supuesto, los partidos políticos, los grupos armados ilegales, la comunidad católica y las demás iglesias.

En mi sentir, sigue válida la tesis de que Colombia se precipitó en un vacío ético cuando, por el proceso natural de secularización y globalización, la moral católica dejó de ser la norma general para determinar el bien y el mal en los comportamientos privados y públicos, y nos encontramos con que no habíamos hecho la tarea de construir una moral civil, válida para todos los ciudadanos, vigente en la sociedad, respetuosa de creencias y filosofías.

Con el vacío moral vino la destrucción brutal de la vida humana porque los cimientos de la convivencia estaban rotos. Primero, los años de la Violencia, con 300.000 asesinatos de campesinos. Luego, los homicidios cotidianos, que llegaron a más de 30.000 por año, y el narcotráfico y la guerra política degradada, con 8 millones de víctimas.

Este golpe salvaje marcó definitivamente lo que somos con dolores y miedos profundos. Y de la misma barbarie surgieron las interpretaciones excluyentes sobre la tragedia, manejadas por intereses políticos y económicos, que nos han polarizado hasta el destrozo del sentido de ‘nosotros’, que nos hace tan difícil reconstruirnos.

Por eso, destruido el valor de la vida, no es extraño que destruyéramos los valores de la justicia, la honradez, la verdad, la compasión, la lealtad, la solidaridad, la paz. Y que, polarizados en interpretaciones sobre la brutalidad de la violencia, nos confundamos en odios y señalamientos y sigamos postergando la construcción de la moral ciudadana y pública, mientras la confianza colectiva se desploma.

Mi sentir es que el final de la guerra es la oportunidad para cimentar en la dignidad humana la moral pública que convierta los valores formulados en la Constitución del 91 en hábitos sociales, empresariales, institucionales y políticos. Esta es la dignidad presente en la conciencia personal, que reclama consistencia con la grandeza humana. Que solo se tienen cuando nadie está excluido de ella. Que, fuera de Dios, no debemos a nadie. Que da origen al Estado como la institución que creamos los ciudadanos para garantizar a todas y todos por igual las condiciones de la misma dignidad.

El aprendizaje de las virtudes que surgen de la dignidad humana parte de la familia y la escuela, y la Iglesia tiene allí un papel único. Pero, como no tenemos tiempo de esperar a la educación de los niños, el camino corto para recuperar la base ética de la dignidad perdida es llamar a las víctimas de todos los lados, sin hacer caso a las interpretaciones que nos polarizan.

Y que las víctimas hablen ante sus victimarios. No solo las víctimas de la guerra, sino también los niños con hambre, ante los que les robaron los auxilios alimentarios; las familias con muertos, ante los que se robaron la salud; los campesinos despojados, ante los que les robaron la tierra; los encarcelados injustamente, ante los falsos testigos pagados, etc. Para que los magistrados y políticos y empresarios corruptos entiendan que ellos asesinaron en ellos mismos su propia dignidad y la vulneraron en todos nosotros.

Entonces será posible que empecemos desde allí la apuesta civil y espiritual de rescatarnos como seres humanos.

Por Jesuitas Colombia

 

Desde Roma, el actual Superior General de los jesuitas, Arturo Sosa, nacido en Venezuela, ha expresado su postura respecto de la situación que se vive en su país natal. Desde allí, se ha manifestado en consonancia con la posición adoptada por los obispos, jesuitas y demás religiosos y religiosas venezolanos.

El general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, SJ., respaldo la postura de la Iglesia venezolana en contra de la Constituyente, y subrayó que los obispos «asumen posiciones comunes muy valientes».

El jesuita, nacido en Caracas, respaldó la posición del Episcopado, la Compañía de Jesús y otros religiosos en el país, que han clamado por los ciudadanos «que sufren y carecen de las condiciones básicas» para vivir, y llamó al diálogo.

«Me gustaría unirme a las voces, las intenciones y las posiciones que han tomado los obispos venezolanos, que están muy unidos entre sí como Conferencia Episcopal como los jesuitas de Venezuela y otros hombres y mujeres religiosas del país», afirmó Arturo Sosa.

«La gente en este momento están sufriendo porque carecen de las condiciones básicas para la vida, ya que no tiene comida o seguridad en la vida de cada uno; no hay medicinas o una escuela de calidad que funcione, no encuentran lo que es parte de una vida común», objetó el padre Sosa.

«Es necesario compartir el dolor de las personas como una manera de hacer de la política un instrumento real para resolver el problema de la población, los servicios esenciales, y no convertirse en una lucha por el poder o por los privilegios que el poder puede dar a este u otro grupo«, remarcó.

«Por lo tanto, es necesario mantener un auténtico diálogo. Un diálogo que reconozca por primera vez el sufrimiento de las personas y también las diferentes posiciones en esa situación de crisis, es necesario que podamos obtener a través de un negociación honesta y sincera, un programa de unidad nacional que le permite dar prioridad a la resolución de los problemas a causa de la cual millones de venezolanos están sufriendo hoy en día la violencia», amplió Sosa.

Y llamó a los políticos de ese país a «ser personas, personas capaces de hablar y llegar a acuerdos para el beneficio de todos».

Fuente: Religión Digital

Sobre el negocio de la Trata Ilegal de Personas en Argentina.

Por Sabrina Kenis.

La Trata de Personas es un delito que, en la última década, se ubica entre las dos mayores formas ilícitas de carácter lucrativo junto con el tráfico de drogas a nivel mundial. Las estadísticas muestran que el 49% son mujeres, el 18% hombres, el 21% niñas/adolescentes y el 12 % niños/adolescentes, según surge de los informes publicados por Naciones Unidas.

De esta manera, las mujeres y las niñas suelen ser explotadas, preferentemente, con la finalidad de matrimonios forzados y esclavitud sexual; mientras que los hombres y los niños suelen serlo mediante el trabajo forzado en el sector minero, rural, textil, como soldados y/o esclavos.

Hoy existen nuevas modalidades que son detectadas a nivel mundial y comienzan a presentar un crecimiento desmesurado, como la explotación con la finalidad de obtener niñas mulas, pornografía infantil, matrimonio forzado o adopción ilegal.

Lamentablemente, nuestro país no resulta ajeno a esta realidad. De hecho se ha consolidado como país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, tanto en su dimensión interna como trasnacional; esto significa que con el transcurso del tiempo se consolida como Estado permeable a la presencia de redes de trata de personas.

Argentina se encuentra dentro del 85% de los países que ha criminalizado el delito, lo que demuestra esfuerzos significativos en la lucha contra la trata de personas, en particular a partir de la federalización del mismo. Sin embargo, es unánime el reclamo de organismos supranacionales en relación al escaso índice de sentencias condenatorias, el cual se mantiene muy bajo, sin dejar de mencionar que las víctimas no siempre reciben la protección y los servicios que los países están obligados a proporcionarles.

La recomendación de Naciones Unidas es clara. Existe una necesidad concreta de invertir más recursos para identificar y asistir a las víctimas, así como en mejorar las acciones del sistema de justicia penal para detectar, investigar y procesar judicialmente con éxito los distintos casos.

En el mismo sentido, son las conclusiones arribadas en el “V Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas y Tráfico” organizado por la Pontificia Universidad Católica de Perú y la Organización Observa La Trata y Capital Humano Social Alternativo (CHS) que tuvo lugar a mediados de junio en Lima.

Las reflexiones a las que se arribaron intentan contribuir y fortalecer las agendas nacionales e internacionales, y debieran ser tomadas en cuenta por los diferentes actores en las orbitas nacional como provinciales.

Cualquier política pública que pretenda luchar contra este terrible flagelo requiere de una real dimensión que equipare las medidas tendientes a la represión del delito -mirada jurídica-, y las destinadas a la asistencia -mirada sociológica, con especial enfoque en los Derechos Humanos-.

La voluntad política no es suficiente. Son muchos los obstáculos que se interponen. La falta de presupuesto, las dificultades para su atención y asistencia; que se agravan por la falta de sensibilización y conocimiento por parte de los diferentes responsables de aplicar las políticas públicas. La complicidad de los funcionarios políticos, autoridades del Estado y policiales, con el sujeto activo del delito; la falta de mecanismos de información, concientización, y sensibilización; la inaplicabilidad de protocolos y modelos de actuación con los operadores de justicia y del Ministerio Público Fiscal, y las instituciones de asistencia a las víctimas.

La corrupción e impunidad. La falta de información, o su existencia de manera poco rigurosa y base de datos poco confiables y sin actualizar, agravadas por no existir parámetros uniformes dentro del régimen federal, que no permiten identificar de manera cuantitativa la incidencia del delito y el acceso a la justicia.

Si bien se advierten notables avances en el diseño e implementación de los instrumentos jurídicos y las acciones del Estado, resultan insuficientes ya que no se concretan o materializan en programas reales para la restitución y ejercicio pleno de los derechos de las víctimas de trata de personas.

Fortalecer el diálogo y propender a una articulación regional, nacional y provinciales como herramienta de trabajo operativo es una acción impostergable y pendiente en Argentina para combatir esta violación extrema de los derechos humanos. Es momento de combatir la indiferencia.

Prensa UCC

 

Análisis sobre los atentados en Barcelona

Por Raúl González Fabre

Los atentados asesinos de Barcelona y Cambrils tienen que ver con la religión. Son una blasfemia, como lo es siempre matar en nombre de Dios. Pero una blasfemia es un hecho religioso; no pertenece, pongamos por caso, al terreno de la agricultura sostenible.

Estrategia política y motivación religiosa

Por otra parte, los atentados terroristas forman parte de una estrategia política. Suele tratarse de una estrategia relativamente simple. El terrorista causa gran daño económico y luto personal con dos objetivos:

obligar a la población a tomar posición con o contra su causa, esperando que muchos lo tomen sólidamente a favor, impresionados por que esa causa parezca lo bastante valiosa para matar y eventualmente morir por ella;

forzar a un enemigo militar y políticamente más fuerte a negociar sus términos.

En los atentados yihadistas en Europa y Estados Unidos, es difícil reconocer la estrategia política, a no ser que se dirija solo a la población musulmana local y/o tenga objetivos políticos solo respecto a los países musulmanes (donde han realizado masacres con gran frecuencia).

La posibilidad de que poblaciones nacidas modernas acepten su versión particularmente cerrada de culturas rurales del Medio y Lejano Oriente, es nula. Para empezar, nuestras amigas y compañeras no se dejarían, ni nos dejarían a nosotros. Y tampoco tienen sentido estratégico para forzar ninguna negociación con Occidente, porque precisamente este yihadismo es maximalista: no pretende negociar nada, sino meramente imponer.

De hecho, bien podría ocurrir que la estrategia política de fondo del yihadismo sea nihilista: no ganar voluntades ni forzar negociaciones, sino acabar con un mundo en que no hay sitio para su proyecto. De eso en Europa ya tuvimos hace un siglo el avatar del terrorismo anarquista, que no parece haber llevado al anarquismo sino más bien a lo contrario: Estado y propiedad privada hasta en la sopa.

El yihadismo consiste pues en una cierta combinación de estrategia política con motivación religiosa. Como la estrategia política resulta difícil de entender (o quizás simplemente no exista), es lógico que nos quedemos solo con la motivación religiosa. Esa al menos sí podemos identificarla.

Matar por el Poder

Matar por el poder es un gran pecado. Si se hace en nombre de Dios, constituye además una blasfemia. Prácticamente todas las grandes religiones, o grupos relevantes dentro de ellas, han sostenido en distintos tiempos una conexión teológica entre experiencia religiosa y poder político, que les han llevado a cometer esa blasfemia. No accidentalmente, sino porque en vez de infundir la lógica contemplativa de lo divino en el manejo del poder, han llevado la lógica eventualmente violenta del poder a la imposición de creencias y estructuras religiosas.

En Occidente, después de las guerras europeas de religión de los ss. XVI y XVII, se consiguió básicamente separar religión de poder político. Quedó la tarea de civilizar al poder político limitando su uso de la violencia, en la cual hemos hecho avances pero todavía tenemos mucho camino pendiente. Al menos, ya no ocurre que los agentes políticos occidentales maten en nombre de Dios.

Desafío Teológico

La separación entre experiencia religiosa y poder político es más fácil teológicamente cuando ya estaban separados en el origen de la religión, o sea, cuando los primeros líderes de la religión no tenían roles ni pretensiones políticas. Claramente así ocurrió con Jesús y con Buda. La separación teológica resulta más difícil cuando, como ocurre en el Islam y en otros casos, los fundadores de la respectiva religión eran también líderes políticos.

Pero más difícil no significa imposible: la mayor parte de los musulmanes tanto en los países donde son mayoría como donde son minoría, actúan de hecho como si la religión solo constituyera una inspiración para la política, sin pretensión teológica de establecer teocracias, ni blasfemias de matar en nombre de Dios.

Evidentemente, para evitar esto último, ayudaría deslegitimar teológicamente la teocracia, y eso todavía no está bien hecho en todo el Islam.

Criminalizar poblaciones

Pero las personas no deben ser juzgadas por su teología sino por sus prácticas. Los terroristas son los terroristas en concreto, y sus cómplices son quienes les ayudan a realizar actos asesinos. No tiene sentido criminalizar a poblaciones que no comparten su estrategia política ni consideran que su religión sea un motivo para matar. Exactamente por la misma razón que en su momento no tenía sentido criminalizar a los independentistas vascos porque ETA matara, si ellos mismos ni mataban, ni apoyaban a los asesinos, ni hubieran estado nunca dispuestos a hacerlo, porque eran personas decentes.

Criminalizar a una población por su teología, por el contrario, juega en el primer punto de la estrategia política terrorista, porque el injustamente criminalizado se siente tratado como enemigo. Es más fácil entonces que tome partido con el otro bando. En España conseguimos evitarlo después de los atentados de 2004, y queremos volver a conseguirlo después de los de ayer.

Musulmanes y occidentales

Ello tiene mayor relevancia por el riesgo de que la estrategia política detrás de los atentados en Europa tenga que ver con las luchas por el poder en algunos países musulmanes; básicamente la única forma en que tendrían sentido y engancharían con los numerosos atentados yihadistas en el mundo musulmán.

Si me presentan a un señor protestante de Badajoz, no supongo que él o su iglesia tengan una posición sobre la política exterior de Holanda. Es necesario, y probablemente ocurrirá aquí en pocas generaciones como sucede entre los muchos musulmanes negros de Estados Unidos, que ser musulmán español no suponga alguna afiliación indirecta con las políticas exteriores de Arabia, Marruecos, Irán o Turquía, o con grupos subversivos contra los respectivos regímenes. Difícil, pero tampoco imposible. Sería otra manera de desligar religión de poder político en el sentido más fuerte de su ejercicio.

El camino de nuevo es la mayor integración, no la segregación o la exclusión de las poblaciones musulmanas en Europa. Segregación y exclusión facilitan la construcción y el traspaso generacional de identidades basadas fundamentalmente en la religión. Con ello hacen a los jóvenes más vulnerables a quienes usan las motivaciones religiosas dentro de estrategias políticas, eventualmente también de estrategias asesinas.

Estamos en guerra

Finalmente, los atentados nos muestran un hecho obvio: estamos inmersos en una guerra global, de la cual no vamos a salir meramente retirando tropas de aquí o allá. Tampoco mandando más tropas o bombardeando algún poblado remoto. Es cosa más compleja.

Esta guerra forma parte de la globalización (‘part and parcel’ se diría en inglés). La globalización establece nuevas reglas de juego que además son continuamente cambiantes, por razón del acelerado avance tecnológico. En ese panorama fluido, cada persona y cada pueblo debe buscar su lugar, un lugar donde pueda vivir decentemente él mismo y convivir con los demás. La guerra yihadista pertenece a esa dinámica, como otras guerras antes. Enseña trágicamente que el problema del mundo no está resuelto. No justifica la respuesta yihadista; muestra solo que la pregunta sigue sangrantemente abierta.

Resolver ese problema es en primer lugar responsabilidad de cada cual, no puede hacerse por entero desde afuera. Esto no tiene sustituto: el gran desafío del terrorismo yihadista es para el Islam en general, y para los pueblos musulmanes en particular. Y el terrorismo yihadista en Europa constituye primero un desafío para los musulmanes que viven en Europa. Se necesita su acción positiva frente a él, porque no se trata de un no-Islam sino de una blasfemia contra el Islam.

Pero en segundo lugar, no podemos desentendernos del problema de la globalización para los demás. No es solo que el cristianismo no nos dejaría (todos somos hijos de Dios por igual) sino que además resulta fácticamente imposible en un mundo globalizado (caracterizado por lo que ya hace cincuenta años Paulo VI llamaba ‘la interdependencia‘). La idea de que nosotros podemos resolver nuestro problema y que los demás se apañen como puedan, es a la vez inmoral y estúpida.0

Siendo cierto que la responsabilidad primera es de quienes no han hallado un lugar decente en la globalización, y también que los demás no podemos desentendernos, nuestro rol obvio es ayudarles a resolver ese problema. Las poblaciones en dificultades deben experimentar en la práctica que pueden contar con nosotros para encontrar respuestas a sus desafíos pendientes, que son también desafíos pendientes nuestros. Contar con nuestras personas, nuestras organizaciones y nuestros gobiernos.

Al final, estar al lado de las poblaciones en problemas para encontrar su lugar para contribuir hoy a la gran aventura humana, no supone justificar indirectamente el terrorismo yihadista, sino precisamente lo contrario: luchar contra él. Es mostrar con la práctica de la fe que se ocupa del otro, hasta qué punto matar por motivaciones religiosas constituye una blasfemia.

Y eso no quita que estemos en guerra: no dejamos de llorar a los asesinados y heridos en cada atentado, ni de apoyar a las fuerzas de seguridad que persiguen a los criminales, ni de pedir a las policías que intenten evitar próximos atentados.

Una guerra necesita valor para no dejarse llevar por el miedo, ni hacia la cesión ni hacia la injusticia, aunque los asesinados sean civiles que hubiéramos podido ser nosotros o nuestros amigos. Pero se trata de una guerra en que los enemigos son los terroristas y sus cómplices, no los musulmanes.

Fuente: Entre Paréntesis