La Compañía de Jesús y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, frente a las reacciones generadas por las órdenes de captura de los 17 ex militares señalados por la justicia española como presuntos autores intelectuales y materiales de la masacre del 16/NOV/1989, comunican su posición a la sociedad en general.

1. No deben extrañar las reacciones de los sectores que tradicionalmente se han opuesto a que la justicia brille en El Salvador. Ante la exigencia de verdad y justicia, siempre han sonado tambores de guerra, han anunciado nuevos derramamientos de sangre, han hablado de abrir heridas, de venganza y de inestabilidad en el país. ¿Quiénes realmente atizan la polarización y provocan inestabilidad: los que buscamos la verdad y la justicia, o los que defienden la impunidad?

2. Demasiadas veces se ha escuchado la obscena frase «perdón y olvido». El dolor causado por un crimen no se resuelve con el olvido, sino con el reconocimiento de la verdad, el arrepentimiento y la dignificación de las víctimas. Ese es el camino del perdón cristiano y la senda para la verdadera reconciliación. Exigir justicia no es venganza, sino reclamar que se repare el daño causado.

3. La Compañía de Jesús y las autoridades de la UCA han reiterado muchas veces su disposición a perdonar a quienes planearon y ejecutaron ese horrendo crimen. Sin embargo, sigue pendiente que se conozca toda la verdad y se deduzcan las responsabilidades respectivas, lo cual se hace a través del sistema de justicia, para que posteriormente se pueda ofrecer el perdón.

4. Es cierto que la exigencia de verdad y justicia incomoda a los señalados y preocupa a sus amistades y familiares. Pero no se debe olvidar quiénes son las verdaderas víctimas de los crímenes del conflicto armado y quiénes provocaron tanta humillación, sufrimiento y muerte. Víctimas inocentes son Elba, su hija Celina y nuestros hermanos jesuitas. Víctimas son los niños, mujeres y ancianos del Sumpul y de El Mozote. Víctimas fueron monseñor Romero, los sacerdotes, religiosas y miles de catequistas asesinados durante la guerra. Y todas las personas que fueron violadas, torturadas, asesinadas y desaparecidas. Estas víctimas nunca han sido centrales para los Gobiernos de posguerra. Se les condenó al olvido y a sus victimarios se les premió con impunidad. Ahora, cuando se acusa judicialmente a quienes la Comisión de la Verdad señaló como responsables últimos de la masacre en la UCA, se pretende hacer pasar como víctimas a los verdugos.

5. Las capturas y la petición de extradición no son un asunto político, como se pretende hacer ver. Las capturas responden a una orden de captura internacional girada a través de la Interpol, cuyo cumplimiento es obligatorio por los compromisos asumidos por El Salvador a nivel internacional en materia policial y judicial. Al contrario, ha sido la falta de voluntad política la que ha impedido que se haga justicia en nuestra tierra y la que ha obligado a recurrir a la justicia española. Lo hemos dicho antes y lo seguimos sosteniendo: queremos que funcione el sistema de justicia salvadoreño y por ello hemos trabajado, aunque sin obtener ningún resultado hasta la fecha.

Mientras la justicia salvadoreña mantenga sus puertas cerradas, no se debe impedir que el caso se ventile en las instancias de justicia internacional. Si los imputados no son culpables de lo que se les acusa, tendrán la oportunidad de demostrarlo en un juicio que ofrece las debidas garantías. Si solo obedecían «órdenes de los políticos», como declaró un alto militar de la época, deben decir qué políticos les dieron la orden de masacrar a dos mujeres inocentes y a seis defensores de la verdad y la justicia. Si es cierto que esa orden existió, los altos jefes militares debieron actuar conforme a su conciencia y desobedecerla, pues ya monseñor Romero les había avisado: «Ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice ‘No matar'».

6. Las reacciones y opiniones contra las capturas realizadas por la Policía responden a los intereses de los responsables de planificar y ejecutar masacres durante la guerra; victimarios que hasta la fecha han sido protegidos por el Estado y han preferido optar por la impunidad en desmedro de la verdad y la justicia. Las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por parte del Estado son más graves en cuanto está obligado a defender y proteger siempre los derechos humanos, incluso en situación de guerra. Quienes decidieron el asesinato de los jesuitas con nocturnidad y alevosía saben perfectamente que no perpetraron «simples asesinatos». La masacre fue el resultado de un plan pensado y ejecutado con la lógica del terrorismo de Estado, y por ello es un crimen de lesa humanidad. Defender a los que tuvieron la última responsabilidad en los asesinatos e impedir que la justicia realice su misión es avalar el crimen y ponerse del lado de la impunidad.

7. Querer conocer la verdad de lo que ocurrió y llevar el caso ante la justicia no atenta contra el auténtico espíritu de los Acuerdos de Paz. Hay que recordar que las partes negociadoras se comprometieron a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y reconocieron la «necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en los casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos». A tal fin, las partes remitieron «la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad. Todo ello sin perjuicio del principio […] de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieron sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley» (Acuerdos de Paz, Capítulo I: Fuerza Armada). Este es el verdadero espíritu de los Acuerdos de Paz, que fue desvirtuado posteriormente por las partes al aprobar la ley de amnistía.

8. La actuación del Gobierno al respecto deja mucho que desear. La PNC no solo cumplió tardíamente la difusión roja, sino que únicamente ha capturado a cuatro militares (tres de ellos de bajo rango y con menos probabilidades de ser extraditados), permitiendo la fuga de 13 ex militares, entre ellos seis reconocidos ex oficiales que nunca se han sentado en el banquillo de los acusados y que son acusados de ser los presuntos autores intelectuales de la masacre. Además, el Presidente trató el caso como un asunto político al reunirse con los partidos para darles explicaciones por las capturas, sin que haya trascendido el mensaje que les transmitió. Tampoco fue pertinente ni acertado que el Vicepresidente pidiera la no extradición y se uniera así al coro de la derecha política, que pretende seguir manoseando la autonomía e imparcialidad del sistema de justicia.

9. Reconocemos y apoyamos la actuación del Procurador General para la Defensa de los Derechos Humanos, que con valentía y con argumentación sólida ha instado a las autoridades respectivas a cumplir con la ley. Y condenamos las acusaciones e insultos de los que ha sido objeto por parte de los que quieren que la impunidad siga vigente en el país; gente que no tiene ninguna autoridad moral para criticar a un defensor de los derechos humanos.

10. Conocer la verdad de lo que pasó en este y otros casos será un bien para El Salvador, contribuirá a que se haga justicia para la víctimas, constituirá un paso trascendental en el proceso de reconciliación y llevará paz a los mismos victimarios. Solo siguiendo este camino podremos decir con el profeta Isaías: «La obra de la justicia será la paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo vivirá en habitaciones buenas, en barrios seguros, en lugares tranquilos». Para el pueblo de Dios, nunca ha existido contradicción entre justicia y paz, entre verdad y paz. Al contrario, la paz es el fruto de la verdad y de la justicia.

Periodista Digital

 

El 14 de marzo con la participación de 35 colaboradores apostólicos de las obras del Valle del Cauca, en Colombia, se dio inicio al curso de formación: “Peregrinaje Ignaciano: corresponsables en la misión”. Espacio formativo que quiere fortalecer los rasgos Identitarios, la Espiritualidad Ignaciana y la Misión de la Compañía Jesús en esta región.

La experiencia formativa ha unido a Laicos y Jesuitas en un proyecto común, que promete impactar la región, uniendo esfuerzos y fortaleciendo el cuerpo apostólico en misión. Se tendrán cuatro módulos de formación y tres días de Ejercicios Espirituales durante este año. El curso está inspirado en la propuesta formativa para la cooperación en la misión de la CPAL.

Jesuitas Colombia

 

Marcelo Justo

BBC Mundo

América Latina no es la región más pobre del planeta, pero compite con África por el título de la más desigual. La base de datos del Banco Mundial, actualizada el pasado diciembre, muestra que los primeros cinco países en el ranking de la desigualdad son africanos, seguidos por cinco latinoamericanos.

Entre los 14 más desiguales a nivel global figuran Honduras (6), Colombia (7), Brasil (8), Guatemala (9), Panamá (10) y Chile (14).

La incómoda pregunta de cuánta desigualdad es «demasiada»

El Banco Mundial utilizó el coeficiente Gini para medir la desigualdad en base a dos variables absolutas: el cero (todos tienen el mismo ingreso o perfecta igualdad) y el 1 (una persona concentra todo el ingreso y el resto no tiene nada o desigualdad absoluta).

Una de las sorpresas es que países de ingreso mediano bajo, normalmente identificados como pobres (Honduras, Guatemala), tienen prácticamente el mismo nivel de desigualdad que otros de ingresos medio-altos o altos (Chile).

Algunos países suman a la pobreza los problemas de la desigualdad.

El economista de la Universidad de Quilmes y de AEDA (Asociación de Economía para el Desarrollo de Argentina) Germán Herrera Bartis señala que es necesario distinguir entre pobreza y desigualdad en este grupo heterogéneo.

«La pobreza se vincula con el ingreso medio de una sociedad. La desigualdad con la distribución. No hay una relación lineal entre ambos. Por eso se puede tener países pobres muy desiguales, pero también países de ingresos medianos o de altos ingresos, como Brasil o Estados Unidos, con altos niveles de desigualdad», indicó a BBC Mundo.

Honduras

Según el Banco Mundial, Honduras tiene un 64,5% de la población en situación de pobreza y un 42.6% en extrema pobreza (menos de 2,5 dólares al día).

En términos del coeficiente Gini, la desigualdad es del 53,7.

«Este coeficiente hay que ubicarlo en la serie de países para darse una idea. El país más igualitario, Noruega, tiene un índice de 25,9 y el más desigual, Sudáfrica, un 63,4», indicó a BBC Mundo Herrera Bartis.

El Banco Mundial comparó ingresos, pero una desigualdad similar se percibe en términos de acceso a la salud o a la educación.

En el índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas que mide conjuntamente ingreso, expectativa de vida y de educación de un país, Honduras pierde siete puntos cuando se pondera el impacto de la desigualdad en las mediciones.

Los seis países más desiguales de América Latina

Medición según el coeficiente de Gini

– 53,7 Honduras

– 53,5 Colombia

– 52,9 Brasil

– 52,4 Guatemala

– 51,7 Panamá

– 50,5 Chile

(Datos del Banco Mundial)

La disparidad es tal que los niños más pobres solo acceden a cuatro años promedio de educación mientras que los más ricos tienen 10 años y más, cifras que se profundizan cuando se compara la desigualdad en zonas rurales y urbanas.

 

Guatemala

El otro país con ingreso mediano bajo es Guatemala, noveno a nivel mundial y cuarto en la región.

Según el Banco Mundial, Guatemala consiguió una reducción de la pobreza del 5% a principios de este siglo, pero para 2011 los índices volvieron a subir hasta llegar al 53,7% con una situación particularmente difícil en casi la mitad de los municipios rurales, donde ocho de cada 10 personas son pobres.

Esta situación no se puede achacar a la falta de crecimiento.

Con el paréntesis del estallido financiero 2008-2009, Guatemala aumentó su Producto Interno Bruto (PIB) más de un 3% anual en lo que va del siglo.

A pesar de esto la desigualdad sigue siendo una de las más elevadas de la región: el 52,4%, apenas unos puntos por detrás de Honduras.

Las disparidades aumentan cuando se compara a los habitantes de las zonas rurales con los que viven en las ciudades.

Según el Banco Mundial uno de los problemas más graves es la escasa recaudación fiscal, «el menor porcentaje de ingresos públicos en el mundo en relación con el tamaño de su economía».

«Hay un círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad. Una sociedad de bajos ingresos, de baja recaudación y muy desigual no genera el nivel de demanda que se requiere para atraer inversiones que hagan crecer la economía», señala Herrea Bartis.

Colombia

Entre los países latinoamericanos de ingresos medio y alto, Colombia se encuentra en primer lugar en niveles de desigualdad, apenas por debajo de Honduras, a pesar de que, en términos de PIB, los colombianos están 74 puestos por encima de los hondureños.

En Colombia el 10% de la población más rica del país gana cuatro veces más que el 40% más pobre.

A pesar de que la pobreza ha caído desde 2002 en adelante, la desigualdad se mantiene constante.

En el índice de desarrollo humano de la ONU, Colombia pierde diez puntos una vez que se lo pondera en términos de desigualdad de acceso a la salud, la educación y bajos salarios.

Las señales de desigualdad se extienden por todo el tejido económico-social.

Dos mujeres cargan botes con agua en Colombia.

La desigualdad se acrecienta en muchos casos al tomar en cuenta el acceso a los servicios más básicos.

Según una investigación de Ana María Ibáñez, decana de Economía de la Universidad de Los Andes, en 2010 un 77,6% de la tierra estaba en manos de 13,7% de los propietarios.

Aplicando el coeficiente Gini a la distribución de la tierra, esta proporción da uno de los índices más altos de desigualdad: un 0,86.

Brasil

Octavo a nivel mundial, tercero en la región, la mayor economía de América Latina, Brasil es uno de los casos más flagrantes de convivencia entre una reducción de la pobreza y un aumento de la desigualdad.

Si en 2006 el 5% más rico acaparaba el 40% del ingreso total, en 2012 había aumentado esta participación hasta llegar al 44% a pesar de las políticas sociales del gobierno y el impacto del plan Fome Cero (Hambre Cero) que sacó a 40 millones de personas de la pobreza.

Esta desigualdad sería más abismal aún si se contara toda la riqueza no declarada en un país que tiene una evasión fiscal del 13,4% y una economía en la sombra del 39%.

Los campeones de la evasión fiscal en el mundo

Mucho más difícil de ocultar, es la disparidad de acceso a salud y educación, algo que se visibilizó a nivel global en las protestas que precedieron a la Copa del Mundo 2014.

No sorprende que, una vez que se incorpora la desigualdad a la evaluación de sus indicadores de ingreso, salud y educación, Brasil registre una caída de 20 puntos en términos de Desarrollo Humano de la ONU.

En Brasil, hubo protestas en contra del Mundial de Fútbol debido a las dificultades económicas que vive una parte de la sociedad.

Si se toma en cuenta que el año pasado el PIB se desplomó en un 3,8%, la situación no luce promisoria.

«Los procesos económicos contractivos acompañados de ajuste fiscal golpean a los que menos tienen y, por lo general, aumentan tanto la pobreza como la desigualdad», indicó Herrera Bartis.

Panamá

En términos de caída o desaceleración económica, Panamá es una de las excepciones de la región.

Con un crecimiento promedio del 7% en los últimos 10 años, no se vio afectada por la caída de los precios de las materias primas: su PIB aumentó más del 6% en 2015.

Pero una cosa es la vida en esa opulenta «Little Manhattan» que puede ser la Ciudad de Panamá y otra la de las barriadas o el interior del país.

Los ingresos reflejan el abismo que separa a los rascacielos y las casas de precarios techos de chapa: el coeficiente Gini alcanza el 51,7.

Pero no son el único factor. Pese al crecimiento económico de la última década, en Panamá son visibles las desigualdades.

Un 25% de la población panameña no tiene servicios sanitarios, un 5% no tiene agua potable, un 11% sufre de desnutrición y otro 11% vive en casas con pisos de tierra.

En el índice de desarrollo humano de la ONU Panamá pierde 20 puntos cuando se incluye el impacto de la desigualdad en la medición.

Chile

Es la economía regional que más ha crecido desde los años 80 y suele ser encomiada como modelo virtuoso para el resto de la región.

Sin embargo, el informe de 2015 de la OCDE, que agrupa a 34 naciones de altos ingresos, subraya los niveles de desigualdad en la sociedad chilena.

«Chile sigue siendo una sociedad altamente desigual en términos de ingresos, educación y bienestar. El mercado laboral muestra una dualidad que redunda en una muy desigual distribución salarial», señala el informe.

En efecto, el 10% más rico tiene un ingreso 27 veces superior al 10% más pobre.

Así, en la medición de desigualdad del Banco Mundial, Chile aparece en el decimocuarto lugar a nivel mundial y en el sexto de las economías de la región.

Debido a la limitada intervención estatal, la situación empeora cuando se considera también el acceso a la salud y la educación.

Pese a ser un país de ingresos altos, la desigualdad persiste en Chile.

En el índice de Desarrollo Humano de la ONU, Chile pierde 13 puntos una vez que se suma la desigualdad conjunta de ingresos, acceso a salud y educación.

Sin embargo, Herrera Bartis señala dos reformas que están mejorando la situación.

«En la primera presidencia de Bachelet se introdujo la jubilación solidaria para los que no habían contribuido lo suficiente para una pensión. En su actual mandato, es la ley de inclusión escolar por la que se busca avanzar progresivamente hacia una mayor gratuidad del sistema. Pero la foto de Chile es de una economía profundamente desigual», señaló a BBC Mundo Herrera Bartis.